Por Lucrecia Cartabia

En nuestra ciudad, un colegio quiso impedir que un nene de seis años que se desplaza en silla de ruedas, siga estudiando en esa institución, a la que concurre desde hace tres años.
Se trata del colegio religioso Nuestra Señora de Guadalupe (Alberdi 338). Los papás dijeron que se trata de un caso de "discriminación", aunque prefirieron no hacer declaraciones públicas. Después de una rápida intervención del Ministerio de Educación provincial, los responsables del instituto revieron la decisión.

La lucha por la inclusión de las personas con discapacidades es inescindible de la lucha por la superación de todas las otras formas de exclusión social. Porque la discapacidad trasciende el hecho individual, es una cuestión social y de derechos humanos que requiere medidas tanto del sector público como privado para que en la vida cotidiana se superen los problemas y barreras que dificultan la inserción de estas personas.

Y si hay alguna institución que debe dar el ejemplo en este sentido es la escuela, lugar de formación de las futuras generaciones. Esta debe brindar un decidido apoyo para la integración de las personas con discapacidades.

Las Naciones Unidas aprobaron el 20 de diciembre de 1993 las "Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad", cuya finalidad es “garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás”. El fundamento político y moral de estas normas se encuentra en la "Carta Internacional de Derechos Humanos".
En el artículo 5, “Posibilidades de acceso”, de estas normas se declara que “los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los Estados deben (a) establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible y (b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación.”
Asimismo, se expresa que “cualquier violación del principio fundamental de igualdad y cualquier discriminación o diferencia injustificada de trato de las personas con discapacidad que contravenga las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad vulnera o invalida y menoscaba el disfrute de los derechos humanos de esas personas”. Además, “exhorta a los gobiernos a adoptar medidas activas para velar por que las personas con discapacidad disfruten plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular eliminando o facilitando la eliminación de las trabas y obstáculos al disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de los derechos humanos de esas personas, y estableciendo políticas nacionales”.
La Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) ha sido creada por Decreto Nº 1101/87, siguiendo las propuestas del Programa De Acción Mundial para las Personas Impedidas aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución 37/52. La misma recomienda la creación de un Órgano de ámbito nacional para examinar y vigilar las acciones relativas a la materia de los distintos Ministerios, otros Organismos públicos y las Organizaciones No Gubernamentales.
Su accionar gira en torno de los principios fundamentales de la Constitución Nacional, la legislación y los documentos internacionales en la materia, referidos a la igualdad, libertad y solidaridad, como principios inspiradores, para evitar la discriminación. Su tarea es coordinar, normatizar, asesorar, promover y difundir, con carácter nacional, todas aquellas acciones que contribuyan directa o indirectamente a la integración de las personas con discapacidad, sin distinción de edad, sexo, raza, religión o nivel socio-ecónomico, asegurando una equitativa distribución y acceso a los beneficios que se instituyan.
Es por ello que en el campo de la equiparación de oportunidades se inscriben todas las medidas legales que tienen la meta política de incorporar a la comunidad a las personas con discapacidad facilitando el ejercicio de los derechos y modificando actitudes y conductas sociales. La actividad legislativa en la materia ha avanzado significativamente a partir del año 1981, en que se sanciona la Ley nacional 22.431, que acoge la definición legal de persona con discapacidad y las políticas implícitas en Salud, Educación, Trabajo, Seguridad Social y Accesibilidad. Dentro del sistema federal de gobierno las provincias argentinas han ido dictando –siguiendo las pautas de la ley nacional- las distintas leyes provinciales en la materia.
En este sentido, parte de la tarea central de esta Comisión Nacional está representada por la eliminación de barreras culturales y físicas que se oponen habitualmente a la integración de personas con discapacidad.
La eliminación de barreras, para ser efectiva, debe ser mancomunada e interprofesional. La supresión de barreras físicas supone operar sobre las valoraciones que la gente hace de las diferencias. El problema no son las diferencias en sí, sino las valoraciones negativas que de ellas se hacen, generándose en consecuencia barreras físicas que segregan, separan y aíslan.

Construir un mundo para todos es difícil, pero posible.

La accesibilidad indica la facilidad con la que algo puede ser usado, visitado o accedido en general por todas las personas, especialmente por aquellas que poseen algún tipo de discapacidad.
Una barrera a la accesibilidad es un obstáculo que impide o dificulta la realización de una determinada tarea o actividad, afectando de esta manera a la plena integración social de esa persona.
Básicamente, estas barreras se dividen en dos grandes grupos: las presentes en el entorno físico (en la naturaleza) y las creadas artificialmente por la sociedad. Estas últimas, creadas por el hombre, pueden ser de varios tipos: psicológicas, culturales, arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación e información, etc.
Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud existen, en los países en vías de desarrollo casi un 10% de personas con discapacidad permanente (motrices, sensoriales, mentales y viscerales); y que a ese porcentaje habría que sumársele el de personas que por una u otra causa ven limitadas sus posibilidades de desplazamiento, orientación y/o uso de instalaciones de manera temporal (mujeres embarazadas, familias con niños entre 3 meses y 2 años, niños entre 6 y 10 años, personas obesas, personas que cargan bultos, accidentados con discapacidad en rehabilitación sin secuela posterior, etc.); agregándose además la franja de la 3º edad; se llega a una cifra, que realmente sorprende, de casi un 40% de la población que padece algún impedimento de uso del medio físico que no está debidamente preparado en lo que se refiere a las actividades de la vida diaria.
En la última década, la Argentina avanzó significativamente en la lucha por la accesibilidad al aprobarse la Ley 23.314, que la define como “la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía” y establece normas para que eso se verifique en la realidad.
Muchas veces la ciudad puede convertirse en un mundo infranqueable: los obstáculos se multiplican en calles y veredas, ascensores, medios de transporte, lugares de esparcimiento. Son esas aceras rotas, esa puerta estrecha, la inalcanzable boletería del cine... Cuando se trata de devolverle esta parte de sus derechos humanos a las personas (el que se refiere a la libertad de desplazarse), hay dos tareas por delante: reformar lo ya construido, en la medida de lo posible, para adecuarlo al mayor número de gente, e impedir que en las construcciones nuevas se vuelvan a cometer los mismos errores que antaño.
De la misma manera sucede con las nuevas tecnologías e Internet, recursos rutinarios no solo usados en nuestra vida diaria, sino también como un servicio que nos comunica con el mundo pero que muchas veces se transforma en una dificultad más para la integración de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Actualmente existen incontables iniciativas que favorecen, potencian y asesoran sobre la accesibilidad a la Sociedad de la Información de las personas con discapacidad física y/o sensorial. Pero el "Diseño para Todos" y las directrices para el diseño accesible de la Web no han llegado aún a ocuparse de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.

"Las principales barreras son las que no se reconocen, aquellas que podemos tener nosotros para ver el problema".

Así sintetiza el problema el arquitecto Daniel Low, que junto a su compañero Gustavo Bennun, se dedica intensamente a esta arquitectura libre de barreras desde su sitio en la web: Accesible.com.ar. Como ellos, innumerable cantidad de sitios bregan por el derecho a la accesibilidad desde distintas ópticas.
Los primeros que impulsaron los movimientos en esta materia fueron, como no podía ser de otra manera, las asociaciones de discapacitados, muchas de ellas trabajan nucleadas desde internet, recibiendo denuncias sobre discriminación, informando sobre la legislación existente o asesorando sobre asuntos legales. Por ejemplo discapacitados.org.ar , Acceso Ya!, UDIS, Integrando, entre otras.
En nuestra ciudad, la principal agrupación es la Asociación Mutual de Familiares y Amigos de Discapacitados (AMUFADI), que genera constantemente proyectos y controla las reglamentaciones y su aplicación a nivel local.
De todas maneras, las ayudas técnicas permiten eliminar algunas barreras físicas, pero las barreras psicológicas o sociales sólo pueden ser eliminadas mediante la educación y la cultura.

Es necesario adquirir mayor conciencia de la importancia del reconocimiento y respeto de las diferencias, hacer conocer las necesidades de estas personas –entre las que se hallan las personas con discapacidad- que nuclean a casi un 40% de la población, convocar a todos los actores de la situación de accesibilidad (usuarios, OGs., empresarios, transportistas, docentes, profesionales del diseño y la construcción, diseñadores gráficos e industriales, comunicadores sociales, etc.), sobre el papel que ésta cumple en una sociedad que se propone acceder a una auténtica calidad de vida. No pasa exclusivamente por la imposición de la norma técnica sino por generar una conciencia social en la cultura nacional, que se exprese en todas las creaciones humanas y que respete la diversidad y la dignidad del individuo.
Debemos abandonar la concepción de las personas con discapacidad como sujetos de caridad… y tomar conciencia de las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos.

¿Estamos preparados los argentinos para reconocer a la accesibilidad como un derecho y sancionar a los que lo infringen?