Cullen, C (1997) “Crítica a las razones de educar. Temas de Filosofía de la Educación”

En su visita a Rosario, el Viceministro y director de Planificación y Presupuesto de Educación de Chile, Pedro Henriquez Guajardo, afirmó que la sociedad debe asumir que “la educación es un problema de todos”. Que tenemos “La necesidad de entender a la educación como un bien público, pero sobre todo como un derecho”

Los derechos humanos son atributos inherentes a todas las personas por su sola condición de ser humanos, su origen se remonta al surgimiento de la propia humanidad, y por lo tanto existen más allá del reconocimiento jurídico de los Estados. Inspirados en valores de dignidad, justicia, igualdad y libertad, implican obligaciones a de los Estados en favor de todas las personas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no establece jerarquías de derechos y considera como parte integrante del concepto de derechos humanos a los derechos económicos, sociales y culturales.

Estos derechos están orientados a asegurar a las personas condiciones de vida digna que le permitan desarrollar su potencial humano en el terreno económico, social y cultural: acceso a la salud, a la educación, a los bienes de la cultura, al trabajo, etc., y requieren del diseño e implementación de políticas públicas adecuadas que posibiliten su efectivo acceso por parte de hombres y mujeres.
Los Estados son responsables de respetar y garantizar estos derechos.
Para hacer ello posible, las naciones deben contar con una legislación adecuada que reconozca derechos y libertades a las personas e igualmente limite el poder del Estado frente a estas; con un servicio de justicia capaz de garantizar el acceso a los derechos humanos y de restituirlos cuando hubieren sido vulnerados, sancionando a los responsables de tales violaciones; y con un poder administrador en favor y no en detrimento de los derechos de las personas.
Deben existir políticas y programas necesarios para hacer posible el goce efectivo de tales derechos; la sola existencia de una legislación pertinente no basta.

Para acceder al derecho a la educación, por ejemplo, es indispensable que el Estado diseñe políticas educativas que integren los contenidos curriculares; capacite a los docentes; construya, equipe y mantenga tantos establecimientos educativos como sean necesarios y posibilite el libre e igualitario ingreso de todas las personas al sistema educativo formal, etc.

Al respecto señala Henriquez Guajardo “son muchos los acuerdos en materia de integración, pero que sin embargo aún falta asumir el principal costo que es ponerlos en práctica”. Y para eso asegura que deben analizarse de manera paralela cuestiones clave como son la discriminación y las diferencias culturales.

Elena Achilli, especialista en estudios antropológicos vinculados al ámbito de la educación, propone analizar el tema educativo desde una perspectiva antropológica, ya que “trasvasa lo que es la escolaridad, porque en general esta disciplina entiende la educación como una cuestión mucho más amplia, vinculada con los procesos de aprendizaje en el sentido de apropiación y de enseñanza en cualquier ámbito social". Afirmando que “no es casual, en un momento de tanta fragmentación social, de tanto empobrecimiento de la familia, que se hable y se exalte tanto la diversidad”.

Sin embargo considera que también hay una exaltación de la idea de la diferencia, y una incorporación al sentido común del trabajo con la diversidad vinculada con la reforma educativa, que propone en este sentido el desarrollo de proyectos educativos particulares: “Es cierto que ingresan a la escuela niños con características distintas a las que ingresaron en otra época. Y que posiblemente tornen mucho más dificultoso el trabajo pedagógico del aula. Hay que cuidar que la noción de educabilidad no nos lleve justamente al prejuicio, que derive en una escuela muy particularizada en función de la situación de estos niños. Es un concepto que viene vinculado a la idea de educar en función a las características y a las especificidades de los niños. Y esto no implica que no se debe tener en cuenta ese niño real que ingresa, pero lo que no debe olvidarse es que ese niño tiene derecho al conocimiento que cualquier chico tiene. Y a veces con este tipo de nociones o imaginarios acerca de que se espera del niño, se limita la circulación de conocimiento”.

El desafío pasa por los cambios que deberán darse, en materia constitucional para alcanzar las reformas necesarias, para tratar de hallar las posibles alternativas que se traduzcan en políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación.

Debemos definir, entonces, si la Educación es un gasto susceptible de ser reducido, o un bien social que demanda una inversión que todo Estado debe llevar a cabo para garantizar las condiciones de igualdad y dignidad de niños y jóvenes.

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